Directiva dicriminatoria

Dr. D. Luis Fajardo López^*.

La regulación española sobre internet y nuevas tecnologías en general, se está realizando tarde y mal. Probablemente pesan demasiado determinados poderes fácticos de ciertas multinacionales de la tecnología y de la comunicación próximas al actual Gobierno. La Directiva sobre la sociedad de la información y el comercio electrónico debía haberse incorporado el pasado 17 de enero, a lo que habrá que añadir los problemas de no haberse cumplido los deberes en materia de firma electrónica, presupuesto básico para regular el comercio.

El borrador del proyecto de ley ha sido fuertemente contestado por la comunidad internauta señalando, en primer término y no sin razón, que da un giro copernicano frente al principio de no responsabilidad de los prestadores de servicio por los contenidos vertidos a la red por sus usuarios, establecido en la Directiva. Un ejemplo: una Universidad (o cualquier otro proveedor) no debería ser responsable de las manifestaciones de un alumno (léase cliente o usuario) por el mero hecho de que éste disponga de correo electrónico o página web en los servidores de la Universidad. El proyecto español instaura la censura privada al hacer que un simple requerimiento de un tercero que diga estar siendo lesionado en sus derechos, obliga al proveedor a interrumpir el servicio o retirar la página web del usuario. Ello viene a ser una suerte de secuestro de publicación sin intervención judicial, lesionando gravemente el derecho a la libertad de expresión.

Pero sin duda, lo más grave de esta ley es el establecer un nuevo derecho de los contratos en internet. Así, las empresas que contraten en internet tendrán una protección (y unas exigencias) que no tienen las que lo hagan por los medios tradicionales, estableciendo una discriminación que no es necesaria ni conveniente.

Ls normas que pretenden aprobarse se han redactado pensando en obligar a usar determinados productos de comercio electrónico que gestionan unas pocas empresas, y desde una visión conservadora y temerosa de lo que puede conllevar una sociedad interconectada, frente a la apuesta por las libertades y el desarrollo social y la educación a través de las nuevas tecnologías por el que aboga la Directiva. Una curiosa forma de transponer el texto comunitario.